29 Abr El Parlamento aprueba la primera normativa europea contra la violencia de género
El Parlamento Europeo ha dado un paso crucial en la lucha contra la violencia de género al aprobar la primera normativa europea destinada a combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. La votación, que tuvo lugar el 24 de abril, contó con un respaldo abrumador de 522 votos a favor, 27 en contra y 72 abstenciones.
Esta directiva exige leyes más rigurosas para combatir la ciberviolencia, mejorar la asistencia a las víctimas y prevenir las agresiones sexuales. Entre las disposiciones clave se encuentran la prohibición de la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, así como orientaciones específicas para delitos cometidos en línea, como la divulgación de información privada y el exhibicionismo cibernético.
Además, la normativa establece una lista más detallada de circunstancias agravantes para los delitos, lo que resultará en penas más severas. Esto incluye crímenes perpetrados contra figuras públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos. También se considerarán agravantes la intención de castigar a las víctimas por su sexo, orientación sexual, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas, así como para preservar o restaurar el “honor” de una persona.
La seguridad y el bienestar de las víctimas son prioritarios, y se garantizará el acceso a alojamientos protegidos. La asistencia sanitaria, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, será accesible para las víctimas. Las autoridades de los países miembros deberán elaborar informes y recoger pruebas de manera más rigurosa, y se sensibilizará a la población sobre la gravedad de mantener relaciones sexuales sin consentimiento, ya que constituye un delito.
La Comisión Europea realizará informes periódicos cada cinco años para evaluar si estas normas requieren revisión. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, y los países miembros tendrán tres años para aplicarlas en sus legislaciones nacionales.
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